Hace unos años hubiera sido un síntoma de esquizofrenia proponer la eliminación de las juntas de
Conciliación y arbitraje, y que en vez de laudos se pudieran dictar sentencias
judiciales. Una propuesta así, se hubiera señalado de antirevolucionaria y desprotectora a la
clase trabajadora; cuando en lo que en realidad se temía, era perder el poder partidista y el nido de
corrupción. Ahora ese cambio se hizo una realidad, en parte, gracias a las presiones del
concierto laboral internacional. Sí se pudieron eliminar las Juntas de
conciliación, no existe razón por la cual, el poder judicial también pueda
asumir los trámites notariales que son de orden e interés público y que se
quedan pendientes o inconclusos por el lucro desproporcionado e innecesario que
realizan los notarios. Por lo que en vez de Notarias Públicas, la ley de lo
Notarial, podría contemplar Juzgados Notariales, en donde con un procedimiento
de JURISVOL (jurisdicción Voluntaria) se pudieran realizar los actos jurídicos
que exigen la formalidad de la fe pública, en donde tendría que intervenir el juez acompañado de su fedatario, el secretario de
acuerdos, y mediante una diligencia, elevar tal actuación a Escritura Pública o
a acto protocolario, sin que se tengan que ayudar a llenar, a
los oportunistas notarios, sus bolsillos de billetes, y por el contrario, el Estado proteja los bienes del ciudadano
como marca el órgano constitucional y tenga seguridad jurídica. Si la reforma
laboral es la primera verdadera acción de una transformación de gobierno, el
promover Juzgados Notariales y elevar la ley del notariado a federal,
implicaría otro paso jurídico transformativo de nuestro derecho mexicano y otro
golpe a la mafia oportunista del derecho, además de que una reforma de esta
talla, sería ejemplar a nivel internacional e inédita; tal y como lo señalamos
en nuestro programa de radio juridícopolítico.
